Una ley por el derecho a saber

La información es un bien público. A veces esto les cuesta entenderlo a servidores que al frente de la información del Estado se resisten a entregarla. La Ley de Transparencia, avalada por la Corte Constitucional y sancionada ya por el presidente, Juan Manuel Santos, busca que los ciudadanos puedan acceder de manera fácil a la información que requieran, que no se tengan que adelantar engorrosos procesos para ello y que se hagan públicas las decisiones o los documentos del Estado de manera proactiva, que es de las cosas que más cuesta hoy en el aparato del Estado.

Un año tendrán los entes territoriales para acogerse a lo ordenado por esta ley, mientras que los organismos nacionales tienen seis meses. Se trata de generar una cultura de la transparencia, que no se limite a simplemente cumplir, sino que se avance para que los servidores del Estado publiquen la información y estén en disposición de responder a las solicitudes de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible, para lo cual la Ley contempla que implementen procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.

Esta Ley de Transparencia se aprobó después de largas discusiones con entidades cívicas como la Fundación para Libertad de Prensa (Flip), Transparencia por Colombia, Dejustica, entre otras, reunidas en la alianza Más información más derechos, que promueven el derecho a saber, el cual va más allá del simple derecho de petición, consagrado ya en la propia Constitución como fundamental, sino que busca que el Estado aplique una cultura de informar y no de ocultar. La ley, inclusive, contempla que se deben hacer las adecuaciones para garantizar el acceso a la información a ciudadanos en condición de discapacidad y a minorías étnicas o lingüísticas.

Entre los logros que se obtuvieron con esta Ley queda claro que las entidades privadas que cumplan funciones públicas, administren recursos del Estado, las empresas de servicios públicos y los partidos políticos están obligados a entregar la información, lo que no estaba del todo claro hasta ahora. En cuanto a las empresas privadas, solo están obligadas en lo atinente al manejo de los recursos públicos.

Otro avance consiste en que el recurso de insistencia, que antes tenía que enviarse al funcionario que negaba la información para que este lo hiciera llegar a la jurisdicción contencioso administrativa, cosa que no siempre sucedía, ahora se podrá presentar directamente ante el Tribunal para que sea éste quien resuelva si le asiste razón al funcionario en su negativa. Eso sí, se mantiene el principio de que la información solo se puede negar cuando haya ley que así lo contemple, en lo que tiene que ver con derecho a la intimidad de las personas, seguridad nacional o secretos comerciales o industriales.

Otra talanquera que se venía presentando en el agotamiento de solicitudes de información era que los funcionarios exigían que se les sustentara para qué era la información requerida, cosa que queda superada con la nueva ley, que en forma taxativa dice que no tiene que hacerse y permite solicitudes anónimas, agotando un paso en el Ministerio Público, si se teme que pueda presentarse alguna retaliación.

Los funcionarios de la escuela del tape-tape deben entender que ahora al negar una información deberán presentar pruebas y argumentos sobre la reserva, además que les conviene mejor tener actualizada la información de manera digital, en sus archivos, y disponible para todos. Esperemos que no solo en lo Nacional, sino que los entes departamentales y municipales acojan lo más pronto posible lo ordenado por la Ley y no esperen a que se agoten los términos para empezar a cumplir.

Aquí está en juego un derecho fundamental de los ciudadanos y como tal debe ser entendido, pues nada más sospechoso que un funcionario que busque ocultar la información. La Procuraduría, que tiene la misión de ser la garante de esta ley, debe ser muy aplicada en verificar que se cumpla.

Fecha de publicación: 

Domingo, Marzo 16, 2014