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La denuncia
tendría como fundamento el artículo publicado por el periodista Mejía en
2011, en el cuál revelaba las malas prácticas de Carlos Ramos Corena,
quien estaba ejerciendo como cirujano plástico en la ciudad de Medellín y
en cuya clínica habían fallecido algunas pacientes como consecuencia de
los procedimientos médicos. Actualmente, el médico es investigado por
homicidio en Puerto Rico.
La Fundación
para la Libertad de Prensa (FLIP) recuerda que de acuerdo a los
estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se
“ha considerado de interés público aquellas opiniones o informaciones
sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de
mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento
del Estado, o afecta derechos o intereses generales o le acarrea
consecuencias importantes (…) es posible que determinada información
sobre personas particulares u organizaciones privadas sea calificada
como información de interés público (…)”.
El caso sobre
el cuál realizó la nota el periodista Juan Esteban Mejía, si bien se
refería a un particular, versaba sobre un tema de gran interés púbico,
ya que existían serios cuestionamientos sobre la autenticidad de la
tarjeta profesional de Ramos.
La FLIP
recuerda que el uso de los recursos judiciales que buscan silenciar a la
prensa, como ocurre en este caso, constituye en una forma de censura
porque el objetivo no es la obtención de una sentencia, sino que la
prensa deje de hacer cuestionamientos sobre un determinado asunto. La
FLIP en reiteradas oportunidades ha llamado la atención sobre el aumento
de denuncias penales contra periodistas y ha solicitado que este tipo
de casos sean estudiados cuidadosamente a la luz de los estándares de
libertad de expresión.
Además, la
FLIP llama la atención de la Fiscalía y ve con preocupación las
actuaciones del ente acusador que en el último mes han puesto en riesgo
la libertad de expresión. El 22 de mayo la Fiscalía citó a declaración a
la periodista María Isabel Rueda, posteriormente, el 1 de junio, el
agresor de Jineth Bedoya fue dejado en libertad y tras reconocer el
error, la misma Fiscalía reversó la decisión; y finalmente, la
imputación contra Juan Esteban Mejía.
Por último, espera que el caso de Mejía se lleve a cabo cumpliendo las leyes y respetando la libertad de expresión.
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