La
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza actuación policial
en Pasto (Nariño), en la que Isnardo Quiroz, periodista de CNC
Noticias, resultó herido tras la activación de ´Fusil lanza gas´ a
menos de dos metros de distancia. Este hecho constituye una grave
violación a la libertad de prensa y el desacato a sanciones
internacionales que pesan sobre el Estado colombiano.
Sobre las 7:30 pm del 11 de marzo de 2015, se registraron
enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes del paro camionero
en el sector de Daza, sobre la vía Panamericana, en las afueras de
Pasto. Quiroz portaba sus credenciales distintivas de prensa y estaba
acompañado de varios periodistas otros medios de comunicación cubriendo
la manifestación que completa 17 días.
Según testigos, en el lugar hicieron presencia más de cien miembros de
la Fuerza Pública entre agentes del ESMAD y Fuerza disponible de la
Policía. Tras la orden de Arrinconar y gasear, al parecer impartida por
un Coronel de uniforme verde y chaqueta reflectiva, un policial de la
Fuerza Disponible disparó un ´fusil lanza gas´ impactando gravemente a
Quiroz en su pierna derecha.
A pesar de que el
´Manual para el servicio de Policía en la atención, manejo y control de multitudes´ indica que este tipo de armas
no letales
deben ser activadas a no menos de 30 metros de la multitud y bajo las
modalidades: i) parabólica (80 mts), ii) rasante (80-60 mts) o iii)
rastrera (30-60 mts); Quiroz recibió un disparo directo a menos de dos
metros de distancia ocasionándole una hemorragia severa. Cuando Quiroz
quedó tendido en el piso, se acabó la manifestación.
El despliegue de la Policía no solo es abiertamente ilegal y violatorio
de la libertad de prensa, también es cuestionable que el periodista no
haya recibido ningún tipo de auxilio o atención médica por parte de la
Fuerza Pública. Un funcionario de la Defensoría del Pueblo, presente
en el lugar de los hechos, llamó una ambulancia que tras más de 20
minutos de espera no llegó. Quiroz fue finalmente auxiliado por sus
colegas, quienes en un vehículo particular lo condujeron hasta el
Hospital San Pedro, donde le brindaron atención médica. Actualmente se
encuentra hospitalizado agotando los protocolos de rigor para
determinar si hay lesiones vasculares.
La FLIP intentó contactar a la Policía pero al cierre de este pronunciamiento no establecieron una posición frente al caso.
Desacato de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Colombiano
Las garantías para la
el cubrimiento periodístico de las manifestaciones sociales,
violentas o no, son de gran importancia para una democracia. Facilita
que las demandas de quienes protestan sean conocidas por la sociedad y
constituyen una forma de garantizar que los procedimientos estatales,
policivos o no, estén ajustados a la constitución.
Lamentablemente, y a pesar de que los
Relatores de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU
han pedido al Estado Colombiano que brinde esas garantías, casos como
el del periodista Isnardo Quiroz en Pasto recuerdan: la
detención arbitraria del Fotógrafo Esteban Vanegas del diario El Colombiano en Medellín,
el decomiso ilegal de cámaras y borrado de grabaciones en San Pedro Sucre o las
agresiones del ESMAD a periodistas en Santa Marta, entre otros casos.
Solo en el año 2013, durante las prolongadas protestas del Paro Minero y
el Paro Nacional Agrario, la FLIP registró 33 agresiones de la Fuerza
Pública contra periodistas motivando el informe especial de la FLIP
Protestas, sin garantías para cubrir. Esta cifra disminuyó notablemente en el 2014, donde se registraron
13 casos.
Bajo estas circunstancias vale la pena recordar que en septiembre del
2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado
colombiano por el caso del periodista Richard Vélez, quien precisamente
fue agredido por agentes del Estado en el año 1996, mientras cubría
las protestas recordadas como Marchas Cocaleras. En esa sentencia
contra Colombia el Tribunal internacional resaltó:
los
Estados tienen la obligación de adoptar medidas especiales de
prevención y protección de los periodistas sometidos a un riesgo
especial por el ejercicio de su profesión y especialmente el deber de incorporar
en
sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a las Fuerzas
Armadas, un módulo específico sobre la protección del derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión y de la labor que cumplen los
periodistas y comunicadores sociales.
La FLIP reconoce que a nivel nacional la Policía ha iniciado esfuerzos
en esa dirección, sin embargo, hechos como el de Pasto demuestran que
siguen siendo insuficientes. Disparar contra un periodista, en los
términos relatados a la FLIP por Isnardo Quiroz, puede implicar un
desacato a decisiones judiciales de carácter internacional sobre
libertad de expresión de cara a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
La FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación iniciar las
investigaciones de carácter penal que permitan identificar y sancionar a
los policiales a cargo y ejecutores de este operativo. Invita a la
Policía a ofrecer excusas públicas e iniciar investigaciones de
carácter disciplinario. Además, exhorta a la Cancillería para prestar
especial atención sobre estos hechos. Una vez concluya la documentación
del caso, la FLIP enviará comunicación y soportes a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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