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El paro
nacional del magisterio resulta de los incumplimientos y rechazos del gobierno
a sus peticiones. En la campaña electoral de 2014 el presidente-candidato Santos
se comprometió con la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, a acordar
con ella un correcto sistema de ascensos y a nivelar los sueldos de los
maestros con los de los demás funcionarios del Estado en condiciones
semejantes, que ganan un 28,3 por ciento más.
Sobra
explicar lo repudiable de esa discriminación salarial, y más porque es falsa la
afirmación de la ministra Gina Parody de que el sueldo promedio de los
educadores asciende a 2,5 millones de pesos mensuales. Lo cierto es que un
profesor recién graduado en la universidad gana escasos un millón cuatrocientos
treinta mil pesos y que a uno con licenciatura universitaria, más posgrado y en
el máximo grado en el escalafón apenas le pagan dos millones seiscientos mil
pesos. Con razón se volvió viral el video de una educadora que refuta a la
ministra al explicar sus condiciones laborales (http://bit.ly/1Grbcx2).
De otra
parte, es mentira que Fecode se oponga a la evaluación de los docentes, cuyo
desempeño hoy se evalúa sin rechazo. Lo que repudia, y con toda la razón, es
otro examen calculado para impedir que puedan ascender en el escalafón y, con
ello, mejorar sus escasos ingresos. La maniobra consiste en que el Ministerio
de Hacienda fija unos recursos insuficientes para pagar los mayores sueldos que
generan los ascensos y el Ministerio de Educación diseña una prueba tendiente a
impedir que asciendan todos los que por sus buenas capacidades deben hacerlo.
En razón de esta manera dolosa de evaluar, que el país ignora y avergüenza a
sus determinadores, solo ha podido ascender el 20 por ciento de quienes lo
habrían hecho con un sistema democrático.
El
magisterio también exige solución a la mala salud que recibe, en condiciones
parecidas a la del resto del país, cuando podría no serlo. Porque mientras los maestros
pagan para su salud los 817 mil millones de pesos que les corresponden, el
gobierno solo aporta 400 mil millones del billón al que está obligado, en razón
de que las suma restante -600 mil millones- se la gasta en pensiones y
cesantías, con lo que literalmente se configura un robo, dado que las dos
platas son de destinación específica. Cuánta enfermedad y muerte hay tras este
abuso aberrante.
En
relación con la mala calidad de la educación, que Fecode y los que hoy somos
los polistas llevamos décadas denunciando, ya no pueden negarla ni sus
responsables, los que han mal gobernado a Colombia. Pero en su tradicional
viveza, culpan al magisterio, contra el que llevan décadas azuzando al país,
porque Fecode, con ejemplar dignidad, ha defendido de verdad la educación y sus
intereses y derechos. ¿Cuán peores serían la calidad de la educación y las
condiciones laborales del magisterio sin Fecode? Los colombianos tenemos una
deuda de gratitud con esa agremiación.
La culpa
de la educación de mala calidad la tiene el Estado colombiano, según las
siguientes pruebas: el imposible acceso de casi todos los niños a tres años de
preescolar; la doble jornada de estudio, que reduce en treinta por ciento las
clases que deberían ser y maltrata la capacidad de atención del estudiantado;
el hambre de tantos escolares; la promoción automática, que obliga a ascender a
estudiantes sin conocimientos suficientes; el hacinamiento de 45 alumnos
promedio por aula; las excesivas horas de clase de cada profesor y la ausencia
de programas de capacitación docente; la eliminación de los orientadores
sicológicos; las pésimas condiciones de las instalaciones educativas; la
mediocridad o inexistencia de laboratorios y bibliotecas y la ausencia de
computadores, así se cuenten como tales las tabletas del engaño y la
politiquería.
Los
neoliberales dicen querer mucho a los niños. Pero ello no es coherente con la
manera como maltratan a los educadores de esos niños, a quienes además no les
dan el respaldo necesario. En esto podrán confundir al país, pero no a los
maestros. Cada vez hay más pruebas de que la mala calidad de la educación en
Colombia es una política de Estado y que por ello las élites que la determinan
se protegen a sí mismas con educación privada de mejor calidad para sus hijos,
en tanto también condenan a la pésima de garaje de tantos negocios educativos
privados que estafan a los padres y a los muchachos de clase media.
Fecha de
publicación:
Lunes,
Abril 27, 2015
Tema:
LA
PATRIA, Manizales
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